Redacción
Ante el caos generado por el intento de privatización de los recursos naturales por parte del gobierno mexicano, las actividades del crimen organizado y la fallida estrategia de guerra contra el narcotráfico, los pueblos indígenas encabezan actualmente las luchas más significativas en México, coincidieron en señalar Gloria Muñoz Ramírez y Laura Carlsen, periodistas conocedoras de estos temas, durante una gira por Estados Unidos.
Ochenta mil muertos, 25 mil desaparecidos y diez mil huérfanos, es el saldo que en México ha cobrado la llamada guerra contra el narcotráfico, dijo al inicio de su ponencia Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas.
También se refirió a la cultura de la violencia, la presencia de las fuerzas armadas en las comunidades y las ciudades fronterizas como consecuencia del enfoque militarista del gobierno mexicano hacia el problema de las drogas, lo cual ha hecho que en México se vean estos fenómenos como algo normal y cotidiano.
Los feminicidios en Ciudad Juárez han aumentado en un “200 por ciento”, afirma Carlsen quien sugiere que aún después del cambio de partidos en la presidencia de la República, la violencia e impunidad continúan y prevalece un sistema de justicia corrupto. Todo este ambiente es clima propicio para el machismo y la penetración del narcotráfico en las comunidades. En todo el territorio nacional se viven las extorsiones y secuestros, el tráfico de sustancias ilícitas, el tráfico humano y la trata de mujeres.
Carlsen comentó que México vive un clima complicado cuyas raíces pueden ser encontradas en el modelo de guerra contra el narcotráfico implementado en Estados Unidos en 1971 por el presidente Richard Nixon, quien en ese entonces enfrentaba una gran oposición y descontento hacia su gobierno por la guerra de Vietnam.
Explica que ante la inconformidad social que debilitó a su gobierno, Nixon “inventó” a un enemigo público número uno, que tenía que combatir: las drogas, las cuales se convirtieron en una amenaza para la seguridad nacional.
Esta excusa fue utilizada por el gobierno para encarcelar a jóvenes afroamericanos y latinos y de esa manera mantener un control social.
Lo mismo ocurrió en México, afirma Carlsen, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia enmedio de un cuestionamiento a la legitimidad de su gobierno. Dos mil personas se movilizaron para denunciar el fraude y robo de elecciones.
Calderón, apunta la periodista, hizo lo mismo que Nixon: militarizó el país, en busca de un apoyo que no ganó en las urnas.
Estados Unidos, necesita el control social en México, indica Carlsen quien explica que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) buscó crear una región de integración económica México-Estados Unidos y Canadá pero que en el fondo, más que un tratado comercial es un tratado de inversión transnacional en México.
El objetivo de este tratado, apunta Laura Carlsen, era garantizar al TLC mecanismos para proteger las inversiones en México.
Agrega que el Plan Mérida, resulta así un enorme apoyo económico que en realidad sirve para apoyar al aparato de seguridad nacional en México. Entre las consecuencias de esta iniciativa se encuentra la militarización de la frontera, “donde se criminaliza a los migrantes”.
El modelo de confrontación para combatir al narcotráfico seguido por el gobierno mexicano ha generado más violencia ya que los carteles de la droga se fragmentaron y agudizaron sus pleitos por el control de las plazas, dice la analista estadunidense, quien lleva varios años en México.
El modelo militarista también generó violaciones a los derechos humanos de la población civil por parte de las fuerzas armadas y policías, surgimiento de grupos paramilitares, detenciones arbitrarias de opositores políticos y de activistas, y acoso a la población en general.
¿Por qué México no ha cambiado este modelo?, pregunta Carlsen. Explica que se debe a la fuerte alianza entre México y Estados Unidos. “El Pentágono tiene muchos intereses”, indica.
“Ahora el país está lleno de agentes de la DEA, de la CIA y del FBI. Tiene una embajada con tres mil empleados, la segunda más grande del mundo. Bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico que no existía antes”.
Se refiere a los acuerdos entre Estados Unidos y México como “una alianza que sólo sucede a nivel de las élites con un impacto negativo para ambos pueblos”.
Buena parte del paquete de ayuda del Plan Mérida, de cerca de dos mil millones de dólares, se queda en manos de compañías estadunidenses como la Dyncorp y Blackwater, empresas que venden servicios militares y que tienen contratos con el Departamento de Estado, señala Carlsen.
Agrega que los gobiernos buscan convencer a la población de la necesidad de una guerra contra el narcotráfico en México, Centroamérica y el Caribe como un mecanismo de control social.
Para Laura Carlsen, la estrategia en contra del narco, emprendida por Felipe Calderón le costó a su partido perder la presidencia de la república. Sin embargo, Enrique Peña Nieto, lejos de cambiar el modelo, lo que está haciendo es cambiar el discurso.
Prueba de ello, afirma, es que Eduardo Medina Mora, actual embajador de México en Estados Unidos fue el Procurador General de la República con Calderón y Secretario de Seguridad Pública con Fox, y a quien considerada “el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico”.
Según el análisis de la periodista, actualmente en México se vive una etapa de imposición del modelo de inversiones y privatización promovido por Estados Unidos. El gobierno mexicano busca la privatización de PEMEX y recursos naturales como el agua y los minerales.
Además, considera que aunque Peña Nieto creó la Gendarmería Nacional, una combinación de coordinación entre militares y policías, todo indica que la militarización fue implantada para quedarse. Prueba de ello es que el actual presidente ha destinado un mayor presupuesto a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, “muy por arriba del último año de Calderón”.
“No puede cambiar el modelo de seguridad mientras Washington esté en la Iniciativa Mérida porque sirve para controlar a las comunidades de la resistencia”, dijo Carlsen. Advirtió que es necesario fortalecer los movimientos en contra de la guerra y en favor de la paz tanto en México como en Estados Unidos.
Las luchas más significativas, las de los pueblos indígenas
La periodista Gloria Muñoz Ramírez dijo por su parte, que por lo menos hay 50 mil soldados en todo el territorio nacional. Observó que existe un despliegue mayor del ejército en territorios en los que se encuentran los recursos naturales de las comunidades indígenas. La población indígena, dijo, compone de un 12 a un 15 por ciento de la población total mexicana.
En sus tierras están avanzando proyectos de construcción de termoeléctricas, ampliación de carreteras, minas y otros megaproyectos de inversión. La militarización en estos territorios que se caracterizan por tener la mayoría de recursos naturales, obedece a un plan de militarización en defensa de los megaproyectos en donde las fuerzas del orden protegen las inversiones, sostiene Muñoz Ramírez, directora de la revista Desinformémonos.
En Michoacán, Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Durango, Sonora, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Chiapas, entre otros estados, los pueblos indígenas encabezan movimientos en defensa de los recursos naturales como los bosques, el territorio en contra de las mineras o las empresas de energía eólica, frente a la Coca-Cola que quiere comprar acueductos y manantiales, y en contra de empresas inmobiliarias, gasoductos y termoeléctricas.
“No hay nada más que perder y los pueblos están llevando la defensa de sus territorios hasta las últimas consecuencias”, indica.
Las luchas más destacadas son las del pueblo Purépecha, en Cherán, Michoacán, en defensa de manantiales y bosques y en contra del crimen organizado; la de los Ikoots y Zapotecos en el Istmo de Tehuantepec en contra de empresas aerogeneradoras; la de los Yaquis de Sonora, en contra de la Coca-Cola y un acueducto que pretende llevar su agua a la ciudad; la de los Ñahñús, en Atlapulco, Estado de México en lucha contra una super carretera que destruirá su territorio; los Nahuas de Morelos frente al proyecto inmobiliario Casas Geo y una termoeléctrica en La Huesca, así como un gasoducto que afectaría a 60 pueblos de Morelos, Tlaxcala y Puebla; y la lucha del pueblo Coca, de Mezcala, Jalisco, que se opone a la privatización de sus sitios sagrados. Estas son sólo algunas de las diversas luchas en defensa del territorio por parte de los pueblos indígenas en todo la geografía mexicana, lo que lleva a Muñoz Ramírez a afirmar que “las luchas más significativas están en los pueblos indígenas”.
Por otra parte, la periodista comenta que los pueblos indígenas al igual que el resto de la población viven un fuerte impacto como consecuencia de la guerra contra el narco ya que ellos también sufren violencia, extorsiones y secuestros.
Ante ello, han proliferado la presencia de expresiones de autodefensa y policías comunitarias. Actualmente, existen 40 experiencias de autodefensa, en 8 estados del país.
Frente a la ineficiencia del aparato de justicia, la corrupción y la complicidad entre algunas autoridades y el crimen organizado, surgen estos cuerpos de vigilancia en las comunidades. Aunque la mayoría de estas expresiones son una auténtica respuesta de indignación y hartazgo frente a la ineficiencia gubernamental, Muñoz Ramírez aclara que no todas las policías comunitarias tienen el mismo origen, lo cual se presta a confusión. Algunas están asociadas a gobiernos estatales y municipales.
La reportera señala que las policías comunitarias no son algo nuevo en los territorios indígenas sino que su existencia data del siglo XIX y cuentan con un fundamento legal y jurídico. Las policías comunitarias son las guardias comunales, rinden cuentas a su pueblo y forman parte de sus reglamentos o estatutos bajo los cuales se rigen.
Surgen como sistemas de justicia autónomos pero cada experiencia es diferente. Los comités de autodefensa en Cherán, Michoacán, por ejemplo están reconocidos por las autoridades pero no están subordinadas al Estado.
Otro caso, el de la policía comunitaria de la costa y la montaña de Guerrero, lleva 17 años (fue creada desde 1997) e involucra a 108 comunidades de los pueblos Mehpa, Nahua, Mixteco y mestizo del estado. Ninguno de los miembros de la policía comunitaria recibe sueldo. Se organizaron frente al robo de ganado, asaltos, violaciones de mujeres y otros actos delictivos en las comunidades.
Existen otras experiencias de autodefensa que han surgido de manera espontánea. Se trata de vigilantes que instalan retenes, se cubren el rostro y portan armas de alto poder, cuando hacen detenciones, entregan los delincuentes al ministerio público.
En cambio, hace notar la periodista, las expresiones que son parte de la autonomía de los pueblos indígenas, los someten a su propio sistema de reeducación y justicia.
Comenta que recientemente las policías comunitarias realizaron en Guerrero un encuentro para intercambiar experiencias y analizar los retos que enfrentan.
Tanto Laura Carlsen como Gloria Ramírez, apuntaron hacia la conclusión de que estas luchas comparten el contexto histórico con otros esfuerzos como los que encabezaron los jóvenes del Movimiento Yo Soy 132 en busca de una transparencia electroral y a favor de la democracia, y la lucha de los Zapatistas, quienes han logrado que toda una nueva generación experimenten los frutos de los gobiernos autónomos.
A nivel urbano, las luchas como la que encabezaron el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en oposición a la privatización de la electricidad y por otro lado, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en contra del enfoque militarista hacia el narcotráfico, tienen como reto vincularse para hacer un solo movimiento no nadamás a nivel nacional sino binacional que incorpore las necesidades y demandas de los mexicanos en Estados Unidos y que vea de manera binacional e integral los problemas y luchas comunes de ambos pueblos, concluyeron las periodistas.
La presentación “Caos y Organizaciones de Base en México” realizada el 27 de febrero en Los Angeles, fue organizada por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y el programa radial Enfoque Latino, de la emisora comunitaria KPFK. Se llevó a cabo en un espacio del Centro Legal Asia Pacífico- Americanos (APLC).
Imágenes: AFP/Getty Images
Sitios recomendados:
http://www.miningwatch.ca/article/environmental-defenders-danger-mesoamerica
Sobre el extractivismo en América Latina, Raúl Zibechi:
http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=413:raul
Video Somos Viento, sobre la resistencia eólica en el Istmo de Tehuantepec
Alta Frecuencia 
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